Santo Domingo, RD.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Juan Alexis Medina Sánchez junto a otros seis imputados y todas las empresas vinculadas al pago solidario de 500 millones de pesos en favor del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los actos de corrupción comprobados en juicio así como el decomiso en favor del Estado Dominicano de todos los bienes que serán indicados en la sentencia íntegra.
Lo anterior es en adición a los acuerdos suscritos con varios imputados, las devoluciones de bienes, el resarcimiento de los daños y perjuicios sufrido por el Estado y los bienes decomisados en ocasión de dichos acuerdos que fueron todos homologados por el tribunal competente en las distintas fases en que dichos acuerdos fueron presentados.
La condena, representa un paso de avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, al tiempo que ratificó la potestad que tiene el Estado dominicano, en su condición de victima, para constituirse en querellante y actor civil en los casos donde el erario público haya sido afectado.
El tribunal acogió la totalidad de la teoría del caso del Estado representado por el Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) contra el entramado de corrupción encabezado por Medina Sánchez, quien valiéndose de su condición de hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, creó un entramado societario a través del cual incurrió en actos de corrupción, lavado de activos, estafa contra el Estado, asociación de malhechores e hizo uso de documentos falsos.
“Con esta decisión avanzamos. Ciertamente, tendremos que revisar ciertos aspectos específicos cuando tengamos la sentencia completa pero creo que estamos dando un paso en la dirección correcta, hacia un cambio de cultura, hacia un cambio una visión diferente en cuanto a la protección del patrimonio y en cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad”,, expresó Fernando Henriquez, coordinador general del ERPP al salir de la audiencia junto a los también coordinadores de equipo, Rafael Rivas y Manuel Conde, además de los Abogados litigantes Jorge Antonio López Hilario, Claudio Luna y José Chía Sánchez.
Henríquez ponderó el rol jugado por cada actor del sistema, abogados querellantes, Ministerio Público y la judicatura, para devolver la esperanza al pueblo que durante años situó la corrupción y la impunidad como uno de los principales problemas de la nación.
De su lado López Hilario, destacó la trascendencia de la decisión que catalogó como histórica donde se ordenó la disolución, con efecto de clausura definitiva
de sus locales, así como la cancelación de sus licencias, derechos y otras autorizaciones
administrativas y estatales de las razones sociales condenadas por lavado de activos Domedical Supply S.R.L., Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporation, General Medical Solution A.M., Kyanred Supply S.R.L., Suim Supplidores Institucionales Méndez,
United Suppliers Corporation, Wattmax Dominicana, WMI International S.R.L., Acoport, Wonder Island Park, S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones, Globus Electrical, y Contratas Solution Service.
De igual manera, destacó que el tribunal reconoció que las actuaciones de los condenados provocaron daños morales y materiales al Estado. Aclaró que, una vez notificada íntegramente la decisión, el equipo procederá a ponderar en todas sus partes las valoraciones de las juezas que conforman el Tribunal Colegiado.
“Demostrar la corrupción no es tarea fácil y en este caso, el mandato ad litem que nos fue encomendado fue cumplido exitosamente”, enfatizó López Hilario al destacar que el solo hecho de condenar de manera solidaria por 500 millones de pesos a los imputados, implica que el Estado Dominicano sufrió esas pérdidas y que ahora, mediante el sistema la justicia podrá recuperar esos bienes que le fueron arrebatados a través de las maniobras fraudulentas que el tribunal comprobó.
