Barahona, RD.- La Fundación de Protección del Medio Ambiente de la Región Enriquillo, junto con la Asociación Incorporada de la región y una coalición de organizaciones sociales locales, emitieron alertas sobre un serio deterioro ambiental en cinco ríos del área de La Guázara, provocado por actividades de explotación minera masiva presuntamente realizadas por el empresario Maikel González, cuyo nombre ha estado vinculado a múltiples controversias ambientales en la República Dominicana.
Según denuncias recopiladas durante una reunión el pasado domingo, la fundación y sus aliados han registrado que el caudal hídrico de los ríos ha disminuido significativamente, comprometiendo no solo la biodiversidad local sino la seguridad de las comunidades aledañas.
Esta situación se atribuye principalmente a la operación ilegal de maquinaria pesada que extrae materiales sin controles adecuados, afectando directamente los cauces fluviales y el equilibrio del ecosistema.
Los expertos ambientales y activistas explican que La Guázara, al estar formada por lomas que actúan como muros naturales de contención frente a huracanes y ciclones, es fundamental para la protección frente a desastres naturales en zonas como Cachón, Cabral y otras comunidades cercanas. La destrucción de estos ecosistemas representa no solo un daño ecológico sino un riesgo para miles de habitantes que dependen de esta barrera natural.
Maikel González, conocido empresario minero residente en Baní, ha sido el centro de varias protestas sociales y ambientales en los últimos años. Diversas organizaciones han cuestionado sus prácticas, incluyendo la extracción no regulada en áreas protegidas como Las Dunas de Baní, Azua, Cachón y la sierra de San Cristóbal.
De hecho, en marchas masivas de más de 3,000 personas, agrupaciones sociales lograron detener temporalmente algunas de sus operaciones por presuntas violaciones a la ley ambiental y daños al patrimonio natural.
Las investigaciones actuales sugieren que González habría adquirido ilegítimamente derechos mineros a través de familiares de otros titulares como la esposa de Bolívar Ventura, en un contexto de separación legal, para continuar actividades bajo nuevas figuras jurídicas, donde se menciona que ha pagado alrededor entre 400 y 500 millones de pesos para la compra y explotación minera sin respetar normativas ambientales ni sociales.
El caso de Maiker González se inscribe en un patrón donde empresarios con redes de poder evaden la supervisión mediante permisos ilegales, presiones políticas y corrupción administrativa.
Diversos medios nacionales como Listín Diario, Diario Libre, y El Caribe han reportado casos similares donde urgencias ambientales se confrontan con intereses económicos y políticos.
La Fundación de Protección del Medio Ambiente remitió tales evidencias al Ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) para que realicen las investigaciones correspondientes.
Según los denunciantes que pertenecen tanto a las organizaciones sociales, religiosas, educativas y deportivas de la zona, el director regional de Medio Ambiente en Barahona, David López, estaría vinculado a actos de encubrimiento y complicidad con estos abusos, permitiendo la continuidad de las operaciones ilegales en detrimento de la naturaleza y la población local.
Estos señalamientos no solo resaltan una crisis ecológica sino también una profunda crisis institucional y política que impide la protección efectiva del medio ambiente en la región.
Representantes de las comunidades afectadas alertan que, de continuar estas explotaciones ilegales, el impacto podría ser devastador. Además del daño ambiental, se teme un aumento en la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos. Recordemos que la zona ha sufrido graves pérdidas humanas y materiales en eventos recientes como el paso del huracán Gerset, con más de 200 muertes oficialmente registradas.
Activistas advierten que sin una intervención urgente del presidente de la República, el Ministro de Energía y Minas así como el Ministro de Medio Ambiente, el número de víctimas podría multiplicarse, pasando a miles en un contexto de destrucción ambiental acelerada que compromete la integridad física y económica de la región.
Movilización social y planes de acción
En respuesta a la situación, durante las próximas semanas, el líder comunitario Domingo Feliz, indicó que se realizará un plan de lucha urgente con la concurrencia de todas las organizaciones sociales y ambientales de Enriquillo.
Está prevista una movilización para impedir la continuidad de la explotación masiva y para exigir a las autoridades nacionales medidas concretas contra este tipo de atentados ecológicos.
Estos movimientos buscan sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional, utilizando canales de comunicación y presión política para revertir el daño y fortalecer la regulación ambiental.
Esta problemática no es aislada. En la República Dominicana, la depredación ambiental por explotación minera ilegal es una problemática recurrente que afecta diferentes provincias, con implicaciones para la biodiversidad, la economía local y la salud pública.
A nivel internacional, organizaciones ambientales han señalado a la República Dominicana como un país con desafíos en gobernanza ambiental, particularmente en la minería y protección de cuencas hídricas.
