Experimentó una significativa reducción al pasar de 18.1 % en el primer trimestre de 2025 a 15.4 % en los tres primeros meses de 2026
Santo Domingo, RD.-– El Gobierno dominicano reportó hoy que la tasa de pobreza monetaria general se ubicó en 15.4 % en el primer trimestre del 2026, para una reducción de 2.6 puntos porcentuales al comparar con el mismo periodo del año anterior que fue de un 18.1 %.
Este resultado preliminar es consistente con la dinámica de crecimiento económico observada en el mismo período, durante el cual el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló una variación de 4.1 %, sugiriendo que la expansión de la actividad productiva contribuyó a mejorar los ingresos de los hogares más vulnerables.
Esta reducción también fue influenciada por la disposición del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados que fue ejecutada de abril del año pasado hasta febrero 2026 en beneficio de los ciudadanos de menor poder adquisitivo.
Los datos están contenidos en la infografía de seguimiento a las cifras preliminares de pobreza monetaria que elabora el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), debidamente validadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), institución responsable del levantamiento de los datos.
“Los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025. Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, explica el boletín.
Además, el informe destaca que la pobreza rural sigue siendo mayor que la urbana al situarse un 4.0 puntos porcentuales por encima, en vista de que la primera se ubica en 18.8 %, mientras que en la segunda está en 14.8 %.
Se recuerda que la pobreza monetaria se define como la situación de déficit que se manifiesta entre los ingresos de los que disponen los hogares y los recursos que requieren las familias para adquirir una canasta normativa de bienes y servicios.
