Santo Domingo, RD.-A solicitud del Ministerio Público, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificaron este miércoles la medida de coerción de prisión preventiva impuesta al fiscal que pidió un soborno con una persona bajo investigación, de quien recibió la suma de diez mil dólares (US$10,000) en una entrega controlada por las autoridades.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, valoró la decisión del tribunal que confirmó la medida tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por el imputado Aurelio Valdez Alcántara contra la decisión que ordenó su envío a prisión preventiva el pasado 6 de mayo.
Camacho recordó que el procesado pidió soborno con la intención de manipular procesos de investigación a su cargo.
“Tanto el tribunal que impuso la medida de coerción, como la Suprema Corte de Justicia, ahora, ha dicho que procedía la prisión preventiva, que es la medida de coerción proporcional a estos hechos, que son graves; qué es la medida de coerción idónea, y, en consecuencia, ha mantenido esta medida de coerción y ha rechazado el recurso que presentó el imputado”, precisó.
Al ser cuestionado sobre alegatos del encartado, el director de Persecución del Ministerio Público dijo que no hay forma de que el procesado niegue los graves hechos que se le imputan.
“Yo no entiendo cómo una persona puede negar una entrega controlada, o sea, el dinero salió del Ministerio Público, se colocó en una persona a la que se le estaba recibiendo el dinero, se fotografió antes de entregársele a esa persona; se le entregó al tribunal esas fotografías antes de que se ejecutara la entrega controlada y luego a esta persona se le encontró el dinero que, previamente, había sido un dinero marcado”, indicó.
“En términos objetivos, salvo el derecho de defensa, no hay forma de negar unos hechos de esta naturaleza”, dijo.
“Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito del que nosotros tengamos evidencias, que es lo que hemos hecho hasta ahora y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, precisó Camacho a los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia en la que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el juez Francisco Jerez Mena, confirmó la prisión preventiva al establecer que no han variado los presupuestos originales que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
Durante la audiencia, el procurador Wilson Camacho estableció que “estamos ante un hecho que es grave”. “Este hecho no es grave por la recepción del soborno, este hecho es grave por quién recibe el soborno”, expresó.
“Al funcionario público se le exige más que al ciudadano común, porque nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la ley. Nosotros tenemos un plus en esa exigencia, porque nosotros perseguimos a los demás, justamente por corrupción”, manifestó, durante su intervención en la audiencia.
Al procesado Valdez Alcántara le fue impuesta la prisión preventiva el pasado mes de mayo por espacio de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público le imputa violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida fue impuesta por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.
Conforme al expediente, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.
Camacho recordó que el procesado pidió soborno con la intención de manipular procesos de investigación a su cargo.
“Tanto el tribunal que impuso la medida de coerción, como la Suprema Corte de Justicia, ahora, ha dicho que procedía la prisión preventiva, que es la medida de coerción proporcional a estos hechos, que son graves; qué es la medida de coerción idónea, y, en consecuencia, ha mantenido esta medida de coerción y ha rechazado el recurso que presentó el imputado”, precisó.
Al ser cuestionado sobre alegatos del encartado, el director de Persecución del Ministerio Público dijo que no hay forma de que el procesado niegue los graves hechos que se le imputan.
“Yo no entiendo cómo una persona puede negar una entrega controlada, o sea, el dinero salió del Ministerio Público, se colocó en una persona a la que se le estaba recibiendo el dinero, se fotografió antes de entregársele a esa persona; se le entregó al tribunal esas fotografías antes de que se ejecutara la entrega controlada y luego a esta persona se le encontró el dinero que, previamente, había sido un dinero marcado”, indicó.
“En términos objetivos, salvo el derecho de defensa, no hay forma de negar unos hechos de esta naturaleza”, dijo.
“Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito del que nosotros tengamos evidencias, que es lo que hemos hecho hasta ahora y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, precisó Camacho a los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia en la que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el juez Francisco Jerez Mena, confirmó la prisión preventiva al establecer que no han variado los presupuestos originales que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
Durante la audiencia, el procurador Wilson Camacho estableció que “estamos ante un hecho que es grave”. “Este hecho no es grave por la recepción del soborno, este hecho es grave por quién recibe el soborno”, expresó.
“Al funcionario público se le exige más que al ciudadano común, porque nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la ley. Nosotros tenemos un plus en esa exigencia, porque nosotros perseguimos a los demás, justamente por corrupción”, manifestó, durante su intervención en la audiencia.
Al procesado Valdez Alcántara le fue impuesta la prisión preventiva el pasado mes de mayo por espacio de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público le imputa violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida fue impuesta por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.
Conforme al expediente, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.
Dirección General de Comunicación, Prensa y RRPP
Ministerio Público RD
Miércoles, 3 de junio de 2026.
