El abogado y consultor financiero con más 30 años de experiencia someterá su anteproyecto al Congreso a través de legisladores de la Fuerza del Pueblo
Santo Domingo Norte, RD.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo y aspirante a diputado por Santo Domingo Norte, licenciado Miguel Florentino, anunció que ya tiene elaborado un anteproyecto de ley que busca establecer un mecanismo de compensación entre las deudas que mantiene el Estado con suplidores y contratistas y las obligaciones tributarias que estos tengan pendientes ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
La iniciativa sería sometida al Congreso Nacional a través de legisladores de la Fuerza del Pueblo, con el propósito de corregir lo que Florentino considera una “inequidad administrativa” que coloca en una situación de vulnerabilidad a empresas que, mientras esperan durante meses o incluso años el pago de obras, servicios o suministros realizados para el Estado, deben enfrentar simultáneamente sus compromisos fiscales.
Florentino, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en asuntos tributarios y fiscales en la República Dominicana, período durante el cual ha trabajado como asesor de importantes empresas y consorcios empresariales, sostiene que el problema debe ser abordado desde una perspectiva de equilibrio entre las obligaciones del Estado y las de los contribuyentes.
Explicó que actualmente puede producirse una situación en la que el Estado adeude millones de pesos a una empresa y, al mismo tiempo, las autoridades tributarias le exijan el pago de impuestos, llegando incluso a aplicar medidas administrativas que pueden impedirle continuar operando con normalidad.
“Si una empresa le debe impuestos al Estado, pero el Estado también le debe a esa empresa, ¿por qué no cruzar esas obligaciones y cobrar únicamente el saldo correspondiente?”, cuestionó Florentino.
Una situación que puede llevar a la quiebra
El abogado experto advirtió que esta realidad genera un problema de liquidez que puede colocar en riesgo incluso a empresas financieramente saludables, debido a que la falta de flujo de caja no necesariamente responde a una mala gestión empresarial, sino a la demora del propio Estado en honrar sus compromisos.
Entre las consecuencias que identifica se encuentran la falta de liquidez, los bloqueos administrativos relacionados con comprobantes fiscales y el RNC, así como embargos de cuentas por incumplimientos tributarios, mientras permanecen pendientes los pagos que las instituciones públicas deben realizar a las empresas.
A su juicio, esta situación puede convertirse en un círculo perjudicial: el Estado retarda el pago, la empresa pierde liquidez, las obligaciones tributarias se acumulan y posteriormente enfrenta medidas administrativas que dificultan todavía más su capacidad para producir, pagar salarios y cumplir con sus compromisos.
“Hay que buscar un mecanismo que permita que las empresas sigan funcionando cuando el Estado les debe dinero”, afirmó Florentino.
El profesional de los temas tributarios considera que la compensación de obligaciones permitiría establecer una relación más equilibrada, evitando que empresas que son acreedoras del Estado terminen paralizadas o en riesgo de quiebra por no poder cumplir oportunamente con sus compromisos fiscales.
Sostuvo que la propuesta podría beneficiar tanto a las Mipymes como a grandes suplidores y contratistas, al contribuir a preservar empleos, mantener la actividad nproductiva y reducir situaciones de insolvencia provocadas por problemas de flujo de efectivo.
Florentino afirmó que su anteproyecto forma parte de una agenda legislativa orientada a reducir trabas burocráticas, promover la producción y proteger el empleo, al tiempo que procura que las relaciones financieras entre el Estado y los contribuyentes se desarrollen bajo criterios de mayor equidad.
De alcanzar una curul en la Cámara de Diputados por Santo Domingo Norte, aseguró que impulsará la discusión de esta propuesta y procurará que el mecanismo de compensación pueda convertirse en una herramienta legal que permita enfrentar una problemática que, según afirmó, afecta a numerosos suplidores y contratistas del Estado.
“Menos burocracia, más equilibrio, más oportunidades para producir y generar empleos”, concluyó Florentino.
