Santo Domingo, RD.-El canciller Roberto Álvarez compareció este jueves ante tres comisiones de diputados que le citaron para que explique la situación de la crisis generada con Haití por la construcción de un canal en el río Masacre, el cual el gobierno dominicano considera ilegal.
«Tanto antes como ahora, nuestra posición ha sido clara y constante: para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción del canal sobre el río Dajabón, por las falencias técnicas y amenazas de daños ambientales y naturales que esta puede causar, dados nuestros análisis basados en la exigua documentación disponible», sostuvo el funcionario.
Álvarez habló en una reunión conjunta de las comisiones permanentes de Fuerzas Armadas, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la Cámara Baja, que contó con la presencia del presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco.
Puntualizó que desde que el gobierno de Luis Abinader se enteró de la construcción de este canal en la zona de Juana Méndez, en la frontera con Dajabón, solicitó que se detuviera la obra «para propiciar un diálogo sobre el interés de los haitianos».
El funcionario enumeró a los legisladores las acciones diplomáticas desplegadas por la Cancillería para dirimir la crisis generada por el canal en el río Masacre. Dijo que el 27 abril de 2021 envió una nota diplomática al Gobierno haitiano exigiéndole paralizar la construcción unilateral del canal por violar las disposiciones del artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 entre República Dominicana y Haití; que el 5 de mayo, Haití solicitó una reunión para explicar el proyecto; que el 7 de mayo, el país respondió acordando una reunión en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana, la cual se celebró el 27 de mayo del 2021.
Una nota de prensa que reseña la participación de Álvarez ante los diputados indica que, este dijo que, contrario a lo expuesto por el Gobierno haitiano, en la declaración conjunta que surgió del encuentro «no se accedió en forma alguna a la construcción del canal» y que, por el contrario, se mantuvo la exigencia de que se detuviera la obra y se presentaran los estudios pertinentes.
«En consecuencia, la construcción del canal resulta ilegal, porque el Gobierno haitiano nunca notificó oficialmente al dominicano sobre dicha obra, como establece el artículo 10 del Tratado de 1929; y nunca se proporcionó un estudio sobre su impacto ambiental», dijo el Canciller.
Además, reiteró que los análisis técnicos dominicanos muestran que el canal perjudicaría gravemente el medio ambiente de ambos territorios y que puede inundar el parque industrial binacional CODEVI, que emplea a unos 19,000 haitianos, a parte de la población dominicana de Dajabón y la haitiana de Ouanaminthe, durante la época de crecida del río.
Mediación internacional
Dijo que ante la «indiferencia del Gobierno haitiano» a los reiterados llamados a que se detenga la obra, el país buscó, el 24 de septiembre, la colaboración internacional de terceros imparciales, reuniéndose, en la ciudad de Washington, DC, con el secretario general de la OEA para detallarle todo lo relacionado al canal.
«Así las cosas, el 16 y 17 de octubre estuvieron en el país el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, Jean Michel Arrighi y otro funcionario de la OEA para hacer el levantamiento de nuestra posición. Posteriormente hicieron una visita similar a Haití», afirmó.
¿Qué se puede hacer para dilucidar el conflicto?
El diplomático aseguró a los congresistas que aún existen alternativas por explorar para solucionar el diferendo. Citó como ejemplo la experiencia del manejo conjunto de las aguas en el Sur; y la posibilidad de cooperaciones para implementar soluciones alternativas que sean factibles a nivel técnico y medioambiental.
Señaló que, en la actualidad, el tema se ha politizado en Haití, «convirtiendo el canal en un baluarte del nacionalismo haitiano, involucrando a diversos sectores nacionales, incluyendo bandoleros armados».
La información compartida a los medios indica que aprovechó para recordar que, con la reciente resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU, se abre la oportunidad para restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití.
El canciller estuvo acompañado de los viceministros de Política Exterior Multilateral, José Julio Gómez; de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; así como del embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel; el director de Estudio y Análisis Estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Anselmo Muñiz, y el director Jurídico, Boni Guerrero.
