Santo Domingo, RD.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenaron este martes a cinco años de prisión a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos.
Pilarte, legisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue procesada por lavado de activos de fondos provenientes del narcotráfico.
Además de la pena de prisión, la acusada deberá pagar una multa de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Publico había solicitado que Pilarte cumpla su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago, lo cual fue concedido por los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez, que preside y Francisco Ortega Polanco.
El órgano persecutor, además de requerir prisión por 10 años contra la diputada por La Vega, solicitó el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
De igual forma, requirió que fueran decomisados todos sus bienes a favor del Estado dominicano.
Al emitir la motivación de este fallo la jueza Nancy Salcedo resaltó que se pudo comprobar que la hoy condenada adquirió múltiples muebles los cuales obrando con pleno conocimiento y con el fin de ocultar la Real propiedad transfirió en su mayoría a nombre de una persona jurídica en algunos casos por un precio de venta que difieren mucho de su valor de mercado, esa es los hechos imputados dos tipos penales violados según la Procuraduría General de la República entiende que estos hechos se encuentran tipificados en los artículos 3 numerales 1 2 y 3 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155.
En la acusación hecha por el órgano persecutor se indica que la diputada colocó en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía.
El Ministerio Público sostuvo que la diputada incrementó su fortuna a través de negocios ilegales vinculados al narcotráfico, mismos por los que también fueron acusados Miguel Arturo López Florencio (Micky López), esposo de la asambleísta y dos de sus hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte.
Datos sobre este caso
En el día 29 de junio año 2020 la Fiscalía de La Vega allanó la residencia de Rosa Amalia Pilarte López, candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por presunto lavado de activo.
La intervención en la casa de la candidata a diputada se llevó a cabo a alrededor de las 5:00 de la madrugada, y según las informaciones, participó un fiscal y miembros del Ejército de la República Dominicana conjuntamente con agentes de la Policía Nacional.
El 14 de junio del 2021 el Ministerio Público depositó acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, sus dos hijos y otras dos personas por supuestamente pertenecer a una red dedicada al narcotráfico internacional.
Junto a López, esposo de la diputada del PRM Rosa Amalia Pilarte, fueron acusados sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román.
Para el 2 de agosto 2023 el Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia una acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, elegida por el PRM.
Por el privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional en su condición de diputada, su proceso se conocerá en la Suprema Corte de Justicia, por el juez Napoleón Estévez Lavandier, quien fungirá como Juez de la Instrucción Especial.
El 15 de marzo 2024 los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dieron apertura al juicio de fondo contra la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte López, quien está acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Finalmente el 24 de mayo de 2024 el Ministerio Público solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que le sea impuesta condena de 10 años de prisión a la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico. El órgano acusador también pidió que la sentencia sea cumplida en la cárcel de Rafael
